La Directiva 2019/1937 de la UE, relativa a la protección de las personas que denuncien infracciones del Derecho de la UE y de las disposiciones reglamentarias nacionales, ha sido transpuesta en Italia por el Decreto Legislativo nº 24, de 10 de marzo de 2023 (denominado «Decreto Whistleblowing»); en España por Las Enmiendas 121/000123 del Proyecto de Ley reguladora de la protección y en Alemania por la ley German Whistleblower Protection Act (HinSchG). Con la promulgación de esta Directiva de la UE, se introduce así un auténtico derecho a la denuncia de irregularidades y se concede protección a los denunciantes o «whistleblowers».

Las denuncias solo deben referirse a infracciones que perjudiquen el interés público o la integridad de la entidad privada y consistir en:

• infracciones administrativas, contables, civiles o penales;

• conductas ilícitas según el decreto legislativo 231/2001 o violaciones del modelo de organización y gestión que pueda haber adoptado su empresa;

• conductas ilícitas que entren en el ámbito de aplicación de actos de la Unión Europea o nacionales;

• actos u omisiones perjudiciales para los intereses financieros de la Unión Europea;

• actos u omisiones relacionados con el mercado interior.

No se tendrá en cuenta ninguna denuncia que no se ajuste a los supuestos reglamentarios. Se prevén sanciones de entre 500 y 2500 euros contra el denunciante para las denuncias infundadas, así como su responsabilidad por los delitos de difamación o calumnia o su responsabilidad civil en caso de dolo o negligencia grave.

Es posible utilizar la plataforma Legality Whistleblowing  una herramienta basada en la nube producida por un proveedor externo, para denunciar las conductas ilícitas.

La plataforma garantiza la absoluta confidencialidad de la identidad y los datos del denunciante, así como del contenido de la denuncia, que por tanto no será accesible a nadie más que a la persona responsable de tratar denuncias, una parte externa obligada al secreto. 

Como garantía adicional de confidencialidad, las denuncias solo podrán enviarse a través de direcciones de correo electrónico, dispositivos y redes privadas y ajenas a la empresa.